Pobreza energética
Por Roberto Ruiz Robles
10 años de estudio de la pobreza energética en España
La primera vez que escuché hablar del término “pobreza energética” fue en 2008, y tuvo mucho que ver con que ese mismo año accediera a la presidencia de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Esto es así porque Sergio Tirado, por entonces presidente de ACA, dejó vacante el puesto para comenzar su doctorado en Hungría, dónde estuvo estudiando durante años la pobreza energética en ese país.
Sin embargo, aún no era consciente de la implicación de ese término y no sería hasta un año después cuando tuve conocimiento real del problema que representa la pobreza energética. Sería gracias al propio Sergio Tirado y en este caso también a Eduardo Perero, que impulsaron el primer encuentro presencial que se celebró en Madrid para dar a conocer este tema.
El 30 de diciembre de 2009 en la antigua Librería Fuentetaja se celebró un Foro Ítaca organizado por ACA en el que Sergio Tirado nos mostró algunos de los principales resultados y avances del Estudio “Energy Poverty as
a DevelopmentQuestion in Hungary” desarrollado por Protectthe Future Society (VédegyletEgyesület).
Por aquel entonces era un término semidesconocido y que no se había estudiado en España, aunque en varios países europeos sí que era un tema de estudio y empezaba a preocupar cada vez más. Se estimaba por aquel entonces que 50 millones de europeos podrían encontrarse en situación de pobreza energética. Por esa época en nuestro país sólo la asociación Ecoserveis empezaba a trabajar también en este ámbito.
De esta forma se sentaron las bases del trabajo que en 2012, tres años después, desembocó en el primer estudio de pobreza energética en España. Detrás vendrían 3 estudios más, en 2014, 2016 y el último hasta ahora, en 2018.
Pero, ¿qué es la pobreza energética?
Originalmente, la pobreza energética fue definida en el Reino Unido por Brenda Boardman a principios de la década de 1990 como la “incapacidad [para un hogar] de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible”. Esta definición ha ido evolucionando a la largo del tiempo, incorporando nuevos matices. Por ejemplo, aunque la noción de pobreza energética se asocia comúnmente al
uso de energía para calefacción, otras demandas de energía (electrodomésticos, agua caliente, etc.) también deben ser tenidas en cuenta. Esto es relevante en el caso de que también se quiera incluir dentro del concepto de pobreza energética la incapacidad de un hogar de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en verano por medio de, por ejemplo, sistemas de refrigeración. De esta forma, podemos definir la Pobreza Energética como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas. Entre estas necesidades destacan el mantenimiento de la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano) o cumplir con las necesidades alimenticias domésticas.
Tres son los factores clave que influyen en la pobreza energética: los precios de la energía, la eficiencia energética de los edificios y la renta de las familias.
Estos tres componentes sirven para comprender como surge el fenómeno de la pobreza energética y proporcionan puntos de entrada para la definición de políticas públicas encaminadas a hacer frente a esta problemática.
Precios elevados de la energía
En 2008 los precios de la energía en España eran prácticamente iguales a los de la UE, pero en los siguientes 8 años ha habido un incremento de precios muy superior al del promedio de la UE. Tomando el periodo 2008-2016, España se sitúa como el tercer país con mayor incremento de precio (incluido impuestos) en el caso de la electricidad y el primero en incremento (54%) en el caso del gas natural.
Esta dinámica de crecimiento de los precios situaba a España en 2016 como el país con la cuarta energía más cara, tanto en energía eléctrica como en gas natural.
El incremento de precios sitúa a más hogares en dificultades para asumir el pago de las facturas de la energía, aunque su consumo haya sido siendo el mismo.
Bajos ingresos del hogar.
El hogar promedio español pasó de disponer de 20.784 euros en 2008 a 20.112 euros en 2016, es decir, prácticamente se ha mantenido igual. Sin embargo, los gastos energéticos medios por hogar pasaron de 698 euros en 2008 a 860 euros en 2016.
Tener menos ingresos, modifica las decisiones de gasto del hogar. Por un lado, se reducen los gastos en otros bienes, servicios y necesidades del hogar, puesto que los costes de la energía suponen un porcentaje elevado de sus ingresos. Y por otro lado, los hogares no encienden la calefacción, por lo que habitan en hogares insalubres en los que la temperatura es inadecuada, pudiendo repercutir gravemente en su salud.
Eficiencia Energética.
El parque de viviendas de España está compuesto por cerca de 25 millones de viviendas y es responsable de un 17% del consumo final de energía y del 25% de las emisiones de CO2 del país. La falta de aislamiento y la ineficiencia energética de muchas de las viviendas provocan que los hogares demanden más energía de la que necesitarían, entre otros, para climatizar su hogar.
Aunque la rehabilitación de edificios se muestra como la solución a largo plazo de la pobreza energética y su promoción está alineada con otras políticas ambientales y económicas, existe la percepción de que los mecanismos puestos en marcha no están siendo suficientes para promover la rehabilitación de edificios, especialmente de aquellos donde habitan hogares más.
Efectos sobre la salud.
Ocupar una vivienda con temperaturas inadecuadas durante el invierno o con moho y humedades tiene efectos sobre la salud. Por esta razón, la pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales (asma, artritis, reumatismo, depresión, ansiedad, etc.) que afectan más intensamente a segmentos de población vulnerables como niños, adolescentes y ancianos. Podría estar provocando la muerte prematura de miles de personas, como se ha puesto de manifiesto en los 4 estudios de ACA.
Además, se sabe que es también una de las causas del aumento de la mortalidad causada por enfermedades cardio vasculares y respiratorias entre personas mayores de 60 años durante los meses de invierno. Este aumento estacional de la mortalidad –denominado tasa de mortalidad adicional de invierno (exces winter mortality) – se calcula como un porcentaje que indica la diferencia promedio entre la mortalidad registrada de noviembre a marzo y la registrada en el resto de del año.
Por otra parte, datos de la European Quality of Life Survey indican una mayor probabilidad de sufrir una depresión entre hogares que no pueden permitirse mantener su vivienda con a una temperatura adecuada en 32 países europeos incluyendo España. Según estudios preliminares, la prevalencia de mala salud mental detectada a través de encuestas es especialmente elevada en población muy vulnerable con riesgo de pérdida de la vivienda habitual y/o de sus suministros básicos.
Avances políticos y sociales.
En estos siete años desde que sacamos el primer Estudio de la Pobreza en España ha habido muchos avances. Iberae 10 Aunque todavía queda muchísimo camino por recorrer ha habido un gran cambio en muy pocos años.
El término ya no es desconocido para la sociedad, y la administración, empresas y otros muchos colectivos han empezado a preocuparse sobre el tema. De hecho, ya podemos encontrar ejemplos de legislación en los tres niveles de la administración pública: local, regional y estatal.
En estos últimos años, por ejemplo, se han firmado convenios entre empresas energéticas y administraciones locales para evitar los cortes de suministro en los hogares vulnerables y se han aprobado marcos normativos autonómicos como la ley catalana 24/2015 contra la pobreza energética, impulsada ante la inacción del gobierno del Estado.
A nivel estatal, sin embargo, no ha sido un camino sencillo y hasta hace poco tiempo el Gobierno del PP fue tumbando todas las iniciativas parlamentarias sobre pobreza energética que pasaron por el Congreso de los Diputados, propuestas por diferentes partidos.
También en esos años podemos encontrar muchas declaraciones de máximos dirigentes de ese partido que trataban de minimizar el problema. Por ejemplo, el portavoz de Energía del PP en la Cámara Baja, Antonio Erías, declaró en 2013 que no se puede plantear que la pobreza energética es “el mal que invade” el país.
Dos años después el Ministro de Industria, José Manuel Soria, en el programa de máxima audiencia “Salvados” negó que la pobreza energética hubiese aumentado el 69%, antes de saber que eran datos del INE. Su discurso por entonces era que “la pobreza energética forma parte de la pobreza en general” y “la mejor política contra la pobreza energética es la creación de empleo”.
En 2016 el por entonces ministro de Industria, Álvaro Nadal, declaraba que “las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos” tratando de eludir las responsabilidades estatales en materia de pobreza energética.
Afortunadamente, ha habido un punto de inflexión, y se han diluido las posiciones que negaban y minimizaban la pobreza energética en España.
Este cambio sustancial se produjo a partir de la reformulación del antiguo bono social (Real Decreto 897/2017) y sobre todo con la aprobación del RDL 15/2018, que marcó las pautas para la elaboración de la futura Estrategia Estatal contra la Pobreza Energética e introdujo señales muy positivas, entre ellas, la aprobación de un bono social térmico (que consideraba por primera vez en una concepción global el problema) o las mejoras en la protección al consumidor (como la prohibición de la comercialización a puerta fría en los domicilios).
Estrategia Estatal de Lucha contra la Pobreza Energética.
Desde el primer estudio de ACA, de 2012, ya reclamábamos la necesidad de seguir el ejemplo del Reino Unido, (con una estrategia desde el año 2001) y esta propuesta continuó en los siguientes estudios, hasta titular nuestro
último estudio “Pobreza energética en España. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatal” conscientes de que no era posible esperar más para contar con este marco estatal para prevenir y mitigar la pobreza energética.
Esta estrategia es necesaria, por un lado, para coordinar otras estrategias, planes y programas sectoriales (sociales, energéticos, sobre vivienda, salud, medio ambiente, etc.) que tengan relación con la prevención o mitigación de la pobreza energética, y por otro lado, para lograr una acción coordinada entre la administración central, autonómica y local en esta materia.
De hecho, existe ya una Directiva Europea (sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad) que insta los Estados miembros a definir una serie de criterios con el fin de medir la pobreza energética.
Se exige así una supervisión de forma continua, por parte de los diferentes estados de la UE, del número de hogares en situación de pobreza energética y la presentación a la Comisión cada 2 años de un informe sobre la evolución de la pobreza energética y las medidas adoptadas para prevenirla.
Es con este contexto cuando, por fin, tras la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, el Gobierno estableció que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor debería aprobarse una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética. Dicha estrategia, según indicaba textualmente, incluirá:
“…un diagnóstico y caracterización del problema, diseñará indicadores oficiales de medición, establecerá objetivos de reducción de la pobreza energética en un horizonte de medio y largo plazo y propondrá medidas concretas para la consecución de dichos objetivos, así como sus vías de financiación, que deberán tener en cuenta los recursos presupuestarios de cada una de las Administraciones Públicas participantes en estas políticas”
¿Por qué es necesaria una estrategia estatal?
Una vez conseguido el compromiso legislativo de poner en marcha una Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética, toca luchar por que se materialice de la forma más correcta posible.
Entendemos desde ACA que es una gran oportunidad de generar un diálogo necesario para implicar a todos los agentes, generar el debate social adecuado, y reunir las voluntades necesarias para coordinar medidas entre administraciones, dado que implica políticas sectoriales diferentes: social, ambiental, energética, vivienda, sanitaria, etc.
Asimismo, ayudaría a que otras administraciones (autonómica y local), a partir de un marco común armonizado, puedan desarrollar sus propias estrategias en el ámbito de sus competencias combinando medidas a corto plazo que ayuden a paliar la situación de emergencia de determinados sectores más vulnerables con otras medidas más a largo plazo que mitiguen y solventen tanto la actual pobreza energética como que reduzcan la vulnerabilidad de la población a esta problemática.
En este sentido, se evitaría que, dentro del propio estado español, existan ciudadanos vulnerables que sean más o menos protegidos en función de la capacidad o iniciativa de la administración local o autonómica o de la empresa comercializadora con la que tuviera contratado su suministro.
Esta Estrategia, además sería una forma decidida de dar respuesta tanto al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 como al Principio 20 del Pilar Europeo de Derechos Sociales y a dos futuras demandas de la UE (la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el Reglamento relativo a la Gobernanza de la Unión de la Energía, que están actualmente en fase de propuesta).
Por otro lado, la estrategia se acerca a otros objetivos como la necesidad de abordar una transición energética justa con una visión amplia, en la que no sólo se considere la necesidad de reconvertir puestos de trabajo, sino que además englobe todo el conjunto de aspectos sociales que se pueden ver afectados en dicha transición, tal como se vislumbró en la última Conferencia de las Partes en Katowice (COP 24). La pobreza energética no es algo que quede al margen de esta visión ampliada de transición justa. En este sentido, esta Estrategia colaboraría con el resto de estrategias y planes de adaptación al cambio climático: con la Estrategia de Transición Energética, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima…
Esta Estrategia Estatal de Lucha contra la Pobreza Energética deberá contar entre sus principales contenidos: Medidas de eficiencia energética. La rehabilitación energética de edificios es la única solución sostenible a largo plazo de la pobreza energética ya que además de reducir de forma significativa sus consumos energéticos, permitirá minimizar su vulnerabilidad ante cambios imprevistos de los ingresos familiares y ante precios inestables y crecientes de la energía.
Medidas ante la desconexión. Es necesario ahondar en el análisis de cómo se puede establecer el marco normativo oportuno que, respetando los niveles competenciales, permita coordinar y gestionar los cortes de suministro evitando que ningún hogar vulnerable se quede sin suministro de energía por no poder hacer frente al pago de la factura, evitando la acumulación de deudas por impago y previendo los posibles casos de fraude. Para ello la definición y acreditación de consumidor vulnerable es clave.
Definir un bono social energético o tarifas sociales para los suministros de energía doméstica.
Estudio y seguimiento de la pobreza energética, mejorando las fuentes de información actuales. Esta herramienta es clave para establecer objetivos de lucha contra la pobreza energética, diseñar soluciones efectivas y realizar un seguimiento de las mismas.
Empoderamiento energético de la población. La población, ante la gran subida de precios y el debate social generado, reclama más información sobre sus suministros energéticos, quiere conocer mejor su origen, funcionamiento, sistema de precios, formas de gestionar y ahorrar energía, etc.
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 fue aprobada en abril, días después de terminar este artículo. https:// www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019- 2024_tcm30-496282.pdf
Sobre la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
Si quieres saber más sobre el trabajo de ACA, te invito a visitar nuestra web. https://www.cienciasambientales.org.es/
Para conocer más sobre la pobreza energética: http://pobrezaenergetica. info/ Y si quieres apoyar nuestros proyectos, a hacerte socio: https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/como-participar-en-aca
ACA pertenece al Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, puesto en marcha en 2017, que está analizando una batería de indicadores armonizados para la UE en materia de pobreza energética.
Roberto Ruiz Robles es Presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).